Salta y la sistemática muerte de niños indígenas

En los últimos tres años suman 217 las muertes de niñas y niños de comunidades indígenas en Salta. Desidia, desnutrición y falta de acceso a la salud constituyen las principales causas de una tragedia social en el norte argentino.

El 9 de marzo del 2023, Briana, una niña wichí de seis años de edad, falleció en un hospital de Embarcación, Salta. La respuesta médica que necesitaba la niña se demoró por las irregularidades en el sistema de atención del centro sanitario. Tres semanas antes de la muerte de Briana, el hospital había reconocido que había gente que vendía los turnos.

Su muerte fue la 217, la cifra de niños y niñas de comunidades indígenas de Salta que han perdido la vida en los últimos tres años por causas evitables. Esta información fue entregada por la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud Pública de la provincia (108 en 2020, 64 en 2021 y 45 en 2022). 

Ya la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes había advertido que a diciembre de 2021 había en las comunidades alrededor de 7500 niñas y niños con riesgo nutricional. Y estos son los casos que llegan a conocerse, ya que la cifra podría ser mayor a causa de la total ausencia de sistematización de datos con los que cuentan las autoridades de salud de la provincia norteña, o aquellos casos que por acción u omisión se mantuvieron invisibles.

Para muchos especialistas, a los problemas de desidia y desnutrición se le suma un deficiente sistema de salud que donde se aplica la ley de Salud Intercultural y se “venden” turnos médicos. La Ley de Salud Intercultural promueve que el Estado provincial considere y adecúe sus prácticas a las cosmovisiones y culturas de los pueblos originarios para mejorar su acceso a las políticas públicas.

Según la médica wichí Tujuayliya Zamora: El sistema sanitario salteño tiene una única propuesta que responde al paradigma hegemónico, colonial y occidental y no tiene en cuenta la diversidad territorial, cultural y las especificidades de las comunidades indígenas”.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) acompañó a la comunidad Misión La Loma en la presentación de las denuncias penales para que se investiguen las irregularidades cometidas con los turnos médicos, evidenciadas con la muerte de Briana. “La venta de fue reconocida por el mismo gerente del hospital ante los medios. El personal reservaba y vendía los turnos. La gente de bajos recursos como la de las comunidades no puede pagar dos mil pesos por un turno porque es quitarle días de comida. Entonces se quedan sin atención médica”, explicó Nahuel Arias Camacho, abogado del Programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.

¿Cómo viven las comunidades indígenas en Salta?

En un artículo de ARG Medios de diciembre del 2022 relatamos como miembros de las comunidades Okapuckie y El Quebracho que se encuentran a orillas de la Ruta 86 señalaron movimientos intensos de despegue y aterrizaje en una pista privada ubicada a la altura del km 5 de la mencionada ruta. En ese mismo lugar, los miembros de las comunidades marcaron que se llevaban cabo actividades de venta y/o quema de bidones de agrotóxicos.

Estos mismos eran vendidos para el almacenamiento de agua, recurso escaso por esas zonas. Dentro de los hechos denunciados se señaló que a la hora de entregar los bidones quienes efectuaban las ventas ilegales realizaban recomendaciones tales como “dejarlos tres días en agua y lavandina antes de usarlos” o dejarlos en agua y lavandina durante más días, pudiéndoles agregar también jabón en polvo”. Sin embargo, los mismos envases contenían leyendas tales como “destruya este envase vacío” o “no reutilizar este envase”.

A su vez, la quema de bidones de glifosato a cielo abierto implica una violación a la ley 24051 de Residuos, que en su artículo 2 menciona: “será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

Sobre los hechos relatados, el dirigente social Juan Grabois (quien había visitado la zona para elevar un informe), en conjunto con los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) realizaron una denuncia penal y solicitaron la intervención de las autoridades locales.

“La violencia y la expulsión son prácticas que las comunidades siempre sufrieron. No solo con la salud; no tienen agua, caminos, tampoco acceden a la justicia, se les niegan las tierras ancestrales. Sus reclamos son invisibilizados, ellos son perseguidos, nunca son noticias por sus virtudes o conquistas, siempre aparecen como algo malo”, sostiene Arias Camacho.