Por un error de principiante, porque el arma falló a último momento, o simplemente por un milagro. Por alguna de estas opciones la bala que iba a matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no salió.
Esto pasó hace menos de un año, en la noche del 1 de septiembre, a metros de la puerta del domicilio de la expresidenta.
Esto pasó en plena democracia. La democracia que este año cumplirá 40 años de forma ininterrumpida y seguramente será un momento para que todo el arco político y el mundo institucional haga lindas reflexiones.
Pero nuestra democracia es frágil -desde hace décadas siempre lo ha sido- y el intento de asesinato a una figura como Cristina Fernández, sin dudas agudizó su crisis.
Si la analizamos a fondo, si escarbamos en nuestra democracia, encontraremos hambre: una pobreza y una desigualdad estructural que nunca pudo ser reparada en estos cuarenta años.
Si seguimos recorriendo cada uno de sus rincones, encontraremos violencia institucional como una marca inalterable. Fuerzas de seguridad que secuestran, torturan en comisarías y desaparecen. Sí, como en la dictadura.
Y si seguimos revisando nuestra joven y dolorosa democracia, seguiremos descubriendo deudas y más deudas. Deudas externas, deudas internas.
Volviendo al atentado que sufrió la vicepresidenta: ¿Es normal que a 40 años del retorno a la democracia, un gran sector de la política desconozca este episodio, no lo condene y encima se descubra que pudo haber sido parte?
Estamos hablando de las últimas novedades de la causa, en donde una ex asesora de un diputado del PRO denunció que fue obligada a borrar todo el contenido de su teléfono por un perito informático ligado a Patricia Bullrich.
Ni la exasesora, ni el diputado ni lo que decía su teléfono puede minimizarse. Se trata de Ivana Bohdziewicz, quien trabajó para el diputado nacional por el PRO, Gerardo Milman, un hombre cercano a la actual candidata a presidenta, Patricia Bullrich.
Como si fuera poco, Milman, Bohdziewicz y otra de sus asesoras de apellido Gómez Mónaco, fueron vistos en un café céntrico de capital federal días antes del intento de asesinato a Cristina Fernández. Allí, un testigo que declaró en la causa escuchó la siguiente frase de la boca de Milman: “Cuando la maten, voy a estar camino a la costa”.
Días después, Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces a centímetros del rostro de la ex mandataria, pero la bala afortunadamente no salió. Y efectivamente, Milman estaba camino a la costa.
Ahora bien, ¿Qué decían esos teléfonos que fueron borrados por una persona cercana a Bullrich? ¿Por qué un diputado nacional como Milman estaría involucrado en el caso?
A todo esto debemos preguntar también, qué participación real tuvo la empresa Caputo Hermanos, ligada a la familia del ex ministro de Finanzas del expresidente Macri, Luis Caputo. Ya que, según las pruebas de la causa, esta empresa le pagó más de 13 millones de pesos a Jonatan Morales, uno de los líderes de “Revolución Federal”, organización violenta que a su vez tuvo lazos con una de las coautoras del atentado contra la vicepresidenta, Brenda Uliarte.
Es decir, la causa por el intento de asesinato hacia Cristina Fernández ya tiene dos posibles conexiones con un sector empresarial ligado a la derecha y al expresidente Macri, así como también con una de las figuras de la oposición, Patricia Bullrich. ¿La justicia avanzará sobre estas pistas?
Son preguntas que tienen que tener respuesta, no solo para la víctima si no para todo el pueblo. De lo contrario, la cuarentona democracia argentina tendrá un nuevo problema: la instalación de las extremas derechas, la violencia política y la impunidad.
