En una resolución de 105 carillas, la jueza federal subrogante Silvina Domínguez pidió la detención de ocho integrantes de la Comunidad Lafken Winkul Mapu bajo los cargos de “delitos de usurpación” y “usurpación por despojo”.
Según informaron periodistas y medios de comunicación que están cubriendo el caso, la magistrada levantó el secreto del sumario de la causa, en la cual reseñó lo sucedido en el lugar desde 2017 y pidió la conformación de una mesa de diálogo de la que participen el Estado, organismos de derechos humanos y universidades.
Entre las mujeres sobre las que recayó el procesamiento con prisión preventiva bajo la figura penal de “usurpación por despojo”, está la machi Betiana Colhuan. A tres de las mujeres de la comunidad se les impuso un embargo de 10 millones de pesos, y a los otros cinco procesados se los embargó por 5 millones.
Además de la machi Betiana, se dictó la prisión preventiva de Martha Jaramillo y Romina Rosas como coautoras del delito de usurpación por despojo del ex Hotel IOS y del complejo La Escondida por tratarse de propiedades privadas. María Celeste Ardaiz por su parte fue procesada por su presunta participación en un ataque al complejo La Escondida.
Las siete mujeres habían sido detenidas el 4 de octubre pasado como ya informó ARGMedios, cuando la Policía Federal Argentina ingresó a los predios ocupados para cumplir con la manda de la jueza Silvina Domínguez de desalojarlos.
Es inminente el desarrollo de operativos para detener a las personas procesadas que no se encuentran en el grupo de apresados durante el desalojo. Muchos de los implicados se encuentran escondidos en los montes de Villa Mascardi. Se trata de los mapuches Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan.
FOTO: Euge Neme-Colectivo
El rol de “Consenso Bariloche”
En diálogo con ARGMedios, el comunicador y periodista de El Hoyo Nelson Ávalos se refirió a la escalada violenta de parte de la propia población en el sur del país: “En Bariloche hay una convergencia de políticos y la sociedad civil que se llama Consenso Bariloche y que está fogoneando la violencia contra la comunidad mapuche”, dijo. Justamente este fin de semana se conoció la existencia de grupos en redes sociales del sur para formar la Legión Nacional Patriótica contra los mapuches, a quienes se refieren como “parásitos que están arrasando con la zona”, según informó el portal Tiempo Argentino.
El periodista contó que esta agrupación fue apadrinada por referentes de la derecha argentina como Miguel Ángel Pichetto y Patricia Bullrich, además de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. “Tienen abogados muy poderosos y está integrado por empresarios turísticos e inmobiliarios”, expresó.
Sobre la situación en el sur del país, Ávalos opinó que el ministro de Seguridad “(Anibal) Fernández cedió a las presiones de la derecha, que denunciaban usurpación hace tiempo”.
Vale recordar que una parte del territorio que allanaron es de parques nacionales. Dos hectáreas son del arzobispado de San isidro, pero la mayor parte son tierras fiscales.
“Es evidente que hay acuerdo político entre nación y provincia para convertir a Rio Negro en la base para exportar hidrógeno verde. Para este proyecto las comunidades mapuches son un escollo”, dijo Ávalos a ARGmedios, quien además agregó que “necesitan el voto de (el senador rionegrino) Weretilneck en el Congreso y están negociando, han cedido a las presiones de la derecha”.
Denuncia de organismos de DDHH
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) presentó conjuntamente con La Liga por los Derechos Humanos, la APDH, y las académicas Dra. Karina Bidaseca y P.h. Dra. Jessica Visotsky, un amicus curiae ante el Juzgado Federal de Bariloche, en la causa iniciada contra los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, perteneciente al Pueblo Mapuche.
Según expresaron en el escrito: “Se ha vulnerado los derechos humanos de esta comunidad indígena y sus miembros, además de exponer que la obligación de los funcionarios judiciales intervinientes en el caso es que deben analizar la situación desde una perspectiva de género e intercultural, dada la intersección de derechos que les asiste a las mujeres mapuches privadas de la libertad, como así también los derechos específicos de los Pueblos Indígenas que rigen en la materia”.
Asimismo, ante las circunstancias de la causa contra las mujeres mapuches, solicitan a Silvina Domínguez: “Que a los efectos de no profundizar las violaciones a los derechos humanos de los integrantes de la comunidad y de las mujeres privadas de la libertad en particular, que se disponga la libertad de las imputadas”.
Además agregan las organizaciones: “Que permita a los integrantes ingresar a su territorio comunitario. Y que se gestione un marco de diálogo intercultural entre las autoridades estatales y la comunidad a los fines de que se efectivicen los derechos que les asiste a los integrantes de esta comunidad por pertenecer al Pueblo Mapuche, el que goza del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural, por ser un Pueblo Indígena que se hallaba en el territorio que hoy denominamos Argentina, antes de la colonización”.
