La crisis imperante en el país y el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) representa una contradicción constante que genera tensión al interior del propio Frente de Todos, pero también en la calle. Por esa razón, legisladores del oficialismo propusieron conseguir fondos a través de un impuesto a quienes tienen bienes en el exterior y no fueron declarados. Se cree que se podrá reunir unos 20 mil millones de dólares, casi la mitad de la deuda que el expresidente Macri contrajo con el FMI.
Sin embargo, estas no son las únicas propuestas del Campo Popular para lograr que el gobierno impulse medidas progresivas, evitando así un nuevo ajuste. Esta semana se lanzará el Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI).
Se trata de un grupo conformado por “organizaciones sociales, políticas, gremiales, universitarias, académicas, de derechos humanos, eclesiales, sanitarias, periodísticas, feministas, de pueblos originarios, culturales”, entre otras personalidades y espacios.
Según pudo saber AGENCIA RED GLOBAL, este espacio conformado por al menos cien referentes sociales y políticos, tiene dos objetivos claros: “visibilizar las múltiples deudas internas” y “promover políticas públicas de tierra, techo, trabajo, salud, educación, cuidado del ambiente y bienes comunes”.
Además, el CADI ya dejó en claro que apoyará la iniciativa de los legisladores del Frente de Todos (FdT), quienes intentan conseguir fondos de los evasores de impuestos para el pago de una deuda que a todas luces traerá un nuevo problema estructural para la Argentina.
Por todo esto, como un primer paso el Comité presentará la propuesta al jefe del bloque de Senadores del FdT, José Mayans, detallando la situación social en todos los rincones del país, especificando cuáles fueron los delitos que cometió el Fondo al otorgarle la inconmensurable cifra de 50 mil millones de dólares a un país como la Argentina y exponiendo propuestas para salir de la crisis.
“La discusión de cómo se va a pagar la deuda, es una discusión que no está cerrada. La realidad la va a ir reabriendo”, dijo Juan Grabois este martes en diálogo con Radio Con Vos. Además, el dirigente de la Economía Popular consideró que si el impuesto a los bienes en el exterior no declarados, no sale en el Congreso, “habría que hacer un referéndum”.
“Ese dinero, ¿En qué se utilizó?”, preguntó, en clara referencia sobre la deuda que recibió el país gobernado por Macri. “¿Se utilizó para hacer escuelas, para hacer hospitales o generarle mejores condiciones a la gente, o se utilizó para darles dólares a quienes no lo podrían haber adquirido de otra forma?”, expresó el dirigente social, uno de los artífices e impulsores del Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI).
Evitar una explosión social
Para el informe que elaboró el CADI, los datos de esta enorme deuda son elocuentes: “Actualmente en nuestro país un 37,3 por ciento de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y un 8,2 por ciento se mantiene por debajo de la línea de indigencia. Son millones de argentinos y argentinas que sufren. Junto con esta situación, hasta el mes pasado el Salario Mínimo Vital y Móvil alcanzaba un total de $33.000, apenas por encima de la canasta básica alimentaria, mientras que el ingreso medio de la población para el tercer trimestre del año 2021 era de apenas $49.218, lo que marca que, aún con el privilegio de un trabajo con aguinaldo y obra social, se puede ser pobre en este país”, describe el documento del CADI.
Por otro lado, enumera los datos habitacionales de 2018 en donde se supo que el déficit de vivienda de nuestro país supera las “3,5 millones de viviendas y, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares, existen al menos 4.416 barrios populares en los que viven alrededor de 5 millones de personas en condiciones de extrema precariedad y falta de acceso a servicios públicos básicos”.
Fuera de la urbanidad, el CADI muestra realidades no siempre difundidas por los principales medios de comunicación: la situación social del interior más profundo del país. “En el campo pobre, pueblos originarios y comunidades campesinas sufren distintas formas de violencia y despojo. Sin tierra propia en muchos casos, los productores de alimentos son vejados por arrendamientos leoninos y falta de acceso justo a los mercados lo que empuja la inflación”, mencionan desde el Comité.
También menciona la situación de los pueblos originarios, quienes esperan que se termine el Relevamiento Territorial fijado por ley en 2006, que ya lleva “más de quince años de demora”.
“La Naturaleza se encuentra constantemente vejada por las acciones impunes de grandes poderes económicos que con proyectos extractivistas sin licencia social desconocen los ritmos de la Tierra y las necesidades de las poblaciones”, añaden desde el CADI. Un dato preciso revela las consecuencias más graves de este avance sin medida contra la tierra: “En diez años, se desmontaron 2.776.068 hectáreas de bosque nativo, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, incumpliendo las leyes ambientales y dejando a poblaciones enteras sin sustento lo que explica, por ejemplo, las muertes de cientos de niños wichí”.
Responsabilidades del Fondo
Para el Comité de Acreedores de la Deuda Interna, hay un punto que no puede quedar afuera a la hora de implementar políticas que reparen la situación social del país: las responsabilidades inobjetables del FMI en el préstamo que condicionó profundamente al gobierno de Alberto Fernández y por lo tanto al pueblo argentino.
Para el Cadi, en complicidad con el gobierno de Mauricio Macri, el FMI “violó los propios estatutos del organismo para pergeñar una estafa contra el Pueblo argentino, motivada por razones de índole geopolítica y en beneficio de grupos económicos concentrados”.
Por eso, en el documento que difundieron desde el Comité se manifestó “el rechazo a cualquier supervisión sobre el ejercicio de la soberanía nacional por parte de organismos que no sirven a los pueblos”.
En línea con este punto, el CADI manifestó su claro apoyo a las propuestas como el “aporte especial de emergencia” para gravar impositivamente “a quienes mantienen ocultos en el exterior fondos millonarios mediante los que evaden sus obligaciones con el fisco, u otros mecanismos coadyuvantes”.
También respalda la iniciativa de levantar el secreto bancario para “conocer qué es lo que verdaderamente sucedió con los fondos que ingresaron a nuestro país en concepto de deuda”. “En ese sentido, reafirmamos la necesidad de la participación popular en los procesos de investigación, justicia y reparación”, agregaron.
La propuesta está firmada por personalidades como Adolfo Perez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Juan Grabois (MTE-UTEP), Atilio Borón (IELAC), Cachorro Godoy (Secretario General de ATE), Claudio Lozano (IPyPP), Cristina Caamaño (Ex Fiscal Federal), Dina Sanchez (Secretaria General Adjunta de UTEP), Elsa Yanaje (MTE Rural), ,Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas), Hugo Yaski (Secretario General CTA T), Norma Morales (Barrios de Pie – UTEP), Luci Cavallero (Ni Una Menos), Pablo Moyano (Secretario General CGT), Bruno Rodriguez (Jóvenes por el Clima), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo- LF), Teresa Mont (Mujeres Rurales Corrientes, Corrientes), Martín Tito Ferrari (Frente Popular Darío Santillán), Toto de Vedia (Equipo de Curas Villeros), entre otros y otras.
