Una de cada cuatro personas en el mundo atravesó en algún momento una crisis de salud mental de algún tipo. Este dato fue difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2018, es decir, dos años antes que la pandemia del coronavirus marcara un punto de inflexión en la historia reciente y pusiera en agenda a la salud en general, y a los problemas psicosociales en particular. El encierro obligado de la cuarentena y los problemas económicos que trajo como consecuencia el COVID, provocaron que la población comenzara a familiarizarse más con palabras como ansiedad, depresión, ataques de pánico entre otras.
En este marco, el gobierno nacional lanzó hace dos semanas el plan llamado Estrategia Nacional de Salud Mental, con el cual se busca garantizar el cuidado y la atención en esta arista de la salud en todas las etapas de la vida. El programa prevé un incremento de la inversión para el área de $3.700 millones a $7.700 millones.
En coordinación con las 24 jurisdicciones se crearán dispositivos de cuidados de urgencia y guardias interdisciplinarias. Los hospitales nacionales implementarán la especialización en salud mental y consumos problemáticos, tomando el modelo del Hospital Bonaparte (que cuenta con una perspectiva interdisciplinaria), donde se realizó el anuncio. Además, se planteó la construcción de más de 2.000 viviendas para ser utilizadas como dispositivos habitacionales para la externación.
En cierto punto, este plan estratégico es el inicio de respuesta de un reclamo que viene desde hace años. Es que en Argentina se sancionó en 2010 la ley 26.657, la cual establece que los manicomios (entendidos como lugares de privación de la libertad) deberían dejar de existir para dar lugar a un sistema de abordaje de salud mental basado en la comunidad. Sin embargo, al día de la fecha muchos hospitales psiquiátricos siguen funcionando.
A nivel federal, algunas provincias han comenzado experiencias de cambio de abordaje de la salud mental en su sistema sanitario, tales son los casos de Rio Negro y Buenos Aires. Esta última viene iniciando un camino hacia la desmanicomialización desde que asumió la gestión del Frente de Todos a fines de 2019. De ese tiempo hasta acá, se ha aumentado en la provincia la inversión y la ampliación de equipos de salud mental en hospitales modulares e interdisciplinarios.
“Estamos cuidando de forma integral y federal a quienes sufren problemas que afectan cada vez a más personas, sobre todo en la juventud. Era hora de poner el tema sobre la mesa para dar respuesta y que nadie se sienta solo”, expresó el presidente Alberto Fernández durante la presentación de este programa.
Deudas que todavía persisten
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) viene realizando relevamientos en los principales manicomios del país desde una perspectiva de Derechos Humanos; motivo por el cual también ha señalado reiteradamente el incumplimiento de la ley 26.657.
“Hasta ahora fue un anuncio. Hay que ver cuándo y cómo se hace efectivo. Por supuesto que es una buena noticia que se vaya a duplicar el presupuesto para políticas de salud mental“, expresó para ARGMEDIOS, Macarena Sabín Paz, coordinadora del Área de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según la psicóloga doctorada en Salud Mental Comunitaria (UNLa) y), las personas que viven en manicomios como regla general tienen un promedio de internación “de entre 12 y 15 años”, por lo cual en general muchas veces no tienen vivienda donde vivir una vez que salen de su internación, “por lo cual este plan estratégico cuenta con un plan de viviendas para la inserción comunitaria social”, indicó.
Según el CELS, este presupuesto debería comprender también programas de atención para la salud mental de la población en lugares que no sean instituciones psiquiátricas, básicamente en lo que se conoce como el primer nivel de atención de salud.. “Es necesario que ambos caminos se transiten en paralelo: por un lado, el cierre paulatino de los psiquiátricos con el acompañamiento de los usuarios y usuarias que están en proceso de externación; y en paralelo desarrollar programas de atención en salud mental comunitarios“, resume Sabin Paz en diálogo con éste portal.
🎙️"Fortaleceremos la atención en todo el país invirtiendo $4 mil millones. Cuidaremos la salud mental desde una perspectiva de derechos, libre de violencia, respetando las diversidades". El presidente @alferdez en la presentación de la Estrategia Nacional de #SaludMental. pic.twitter.com/PhOVsKgi5A
— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) April 25, 2022
Según el trabajo de relevamiento del CELS, en los últimos años la ley 26.657 de 2010 no se viene cumpliendo. Según la misma, el 10% del presupuesto anual de salud debe ir orientado a políticas de salud mental; pero según datos, recabados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a los cuales tuvo acceso ARGmedios, el presupuesto para salud mental en promedio ronda entre el 1,5 y el 2% de lo presupuestado anualmente para el ministerio de Salud de la Nación.
Este informe incluye datos del 2021 que indican que dicho financiamiento incluso ha sido subejecutado. “El presupuesto asignado es poco y encima no se está usando”, fustigó al respecto Macarena Sabín Paz, y agregó: “Aún falta mucho para desarrollar una política pública de salud mental desde una perspectiva de derechos”.
En este sentido, la provincia de Buenos Aires viene desplegando políticas tendientes a la transformación del sistema de salud mental desde la asunción de Axel Kicillof. En territorio bonaerense hay 4 hospitales monovalentes que dependen de la provincia y se están haciendo avances significativos en lo que es la construcción de un plan de viviendas y en el acompañamiento a personas en proceso de externación. Un ejemplo de esto es lo que se está haciendo en el hospital Melchor Romero, donde la población internada se redujo notablemente.
“En 2014 cuando empezamos con un relevamiento había 570 personas internadas; y hoy hay 220”, expresó la profesional del CELS a éste portal, agregando que “se está trabajando para que ese manicomio pase a ser un centro de referencia de salud para toda esa región sanitaria”.
“La vida no cabe en un diagnóstico”
Uno de los problemas que se desprenden de esta cuestión tiene que ver con los costos económicos que tiene para la población en general el acceso a consultas psiquiátricas y medicamentos. Estos además de ser usualmente muy costosos, en general cuentan con poca o casi nula cobertura por parte de las obras sociales y prepagas.
El sistema de salud en Argentina cuenta con tres patas: el sistema público, el privado y las prepagas. Según datos de este organismo, los últimos años tanto las prepagas como las obras sociales tuvieron una retracción respecto a las prestaciones, con lo cual aumentó sustantivamente la cantidad de personas que concurren al sistema público. Tal y como sucede con otras aristas del acceso a la salud, para poder tratar problemas de salud mental, se necesita tener dinero.
“La salud mental fue durante muchos años un tema tabú”, dijo la ministra de salud Carla Vizzotti durante la presentación del plan. La pandemia generó mucho estrés, ansiedades, miedo y puso en agenda el tema.
Sin embargo, hay todavía mucho por hacer en lo que respecta a los medios de comunicación. “Sigue habiendo una idea de peligrosidad alrededor de las personas que tienen algún padecimiento, y en ese sentido los medios de comunicación siguen reproduciendo discursos que alimentan la discriminación hacia estos sectores”, opinó la profesional del CELS y agregó: “El ejemplo de Chano Charpentier fue muy gráfico de esto, o la utilización de diagnósticos en titulares de noticias policiales es algo que aún continúa sucediendo en los medios de comunicación”.
“Sucede que estas categorías son utilizadas para marginalizar la comprensión de lo que está pasando”, explicó. “Se sigue contribuyendo a una idea que promulga que esas personas se tienen que quedar encerradas porque de esa manera estamos protegidos los que no estamos encerrados. Y la realidad es que estadísticamente los crímenes cometidos por estas personas son ínfimos“, aseveró Sabín Paz.
Existe un protocolo para el tratamiento mediático de problemas de salud mental, elaborado por la Defensoria del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2014, el cual apunta a promover el abordaje responsable de estas situaciones en medios de comunicación. “En nuestra institución usamos una frase para graficar esto: la vida no cabe en un diagnóstico”.
El suicidio: el censurado por la sociedad
A lo largo de la historia del ser humano ha habido personas que decidieron quitarse la vida. Actualmente, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos una persona muere a causa de suicidio en el planeta. No es un problema nuevo. Más allá de las causas sociales del mismo (estudiadas en su momento por el sociólogo Emile Durkheim), la decisión de quitarse la vida está directamente vinculado a un malestar en términos de salud mental de la persona.
El plan presentado por el gobierno nacional prevé como uno de sus puntos más importantes un Programa para el abordaje Integral del Suicidio, el cual implicaría invertir más en la línea telefónica gratuita, en equipos integrados por profesionales de diversas áreas que puedan dar una ayuda a las personas que lo requieran.
Uno de los principales problemas a nivel mundial de esta problemática es que no hay existen datos ni estadísticas oficiales sobre el tema por parte de los gobiernos, a excepción de algunos de los países nórdicos de Europa. “Por información que nos ha llegado y por casos en los que el CELS ha tenido intervención, se puede decir que es un tema preocupante que va en aumento y cuyas víctimas son cada vez más jóvenes“, alertó Macarena Sabin Paz al respecto. “Es muy importante abordarlo de manera intereseccional, porque no se trata únicamente de un problema de salud mental sino también social”, completó.
