Salario Básico Universal y San Cayetano

Las jornadas por San Cayetano pusieron en la calle el reclamo por un Salario Básico Universal. Los sectores excluidos de la economía formal fueron los más golpeados por la crisis y los efectos de la pandemia por COVID-19. El Estado tiene un rol determinante para paliar la situación.

Salario Básico Universal
Foto: Prensa UTEP

Como cada 7 de agosto desde hace cuatro décadas, en diferentes puntos del país se realizaron jornadas de lucha por San Cayetano. Dada la situación sanitaria tuvo características particulares pero, aun así, expresó la demanda del pueblo trabajador; lxs excluidxs, lxs últimxs de nuestra Argentina por: Paz, pan, tierra, techo y trabajo.

Este año y medio de pandemia por COVID-19 y las consecuentes medidas que se requirieron para intentar contener la propagación del virus, no hicieron más que poner en evidencia y agudizar los problemas estructurales que sufre la mayoría de nuestro pueblo. Esto fue así en diferentes aspectos de la vida y, particularmente en relación con el acceso al trabajo. Por este motivo, una de las principales consignas de esta jornada giró en torno a la necesidad de la implementación del Salario Básico Universal.

Salario Básico Universal
Foto: Prensa UTEP

Trabajo en Argentina: un panorama de precarización y exclusión

Según datos del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas en el segundo semestre de 2020, en nuestro país, se registró un 42% de pobreza y un 10,5% de indigencia. El año pasado cerró con una tasa de desocupación del 11% y, lo que también es muy preocupante, es que dentro de la población ocupada el 17% está sub-ocupado.

Debido a la pandemia por COVID-19 y las medidas que se tomaron para evitar su propagación – el ASPO y diferentes tipos de restricciones de circulación- estas cifras sufrieron fuertes aumentos. Una de las medidas que buscaron paliar la difícil situación de gran parte de nuestro pueblo fue el Ingreso Familiar de Emergencia, que dio un aporte económico en tres oportunidades a familias argentinas durante el 2020. Ahora bien, la discontinuación del IFE afectó directamente a 8,9 millones de argentinos, de los cuales 5,4 millones actualmente están en situación de pobreza o indigencia.

Estos dos últimos datos dan cuenta de que en nuestro país el 50% de la población trabajadora no tiene asegurado un ingreso fijo estable y una retribución justa por su trabajo. El mercado laboral se caracteriza por la precarización, en la mayoría de los casos la remuneración económica recibida no garantiza ingresos suficientes para la reproducción de la vida.

Podemos hablar de tres sectores de trabajadorxs con realidades completamente diferentes: aquellxs asalariadxs con cobertura plena de la seguridad social; asalariadxs que mantienen relaciones laborales precarizadas y/o informales; y un tercer sector que se encuentra estructuralmente excluido, tanto de la modalidad formal como informal a quienes reconocemos como trabajadores de la economía popular. Este sector es la peor cara del capitalismo de exclusión que a nivel mundial, deja afuera a millones de personas.

La situación de las mujeres e identidades feminizadas es aún más compleja ya que en momentos de crisis se profundiza la brecha de género. El no reconocimiento de las tareas de cuidado -tanto intrafamiliares como comunitarias- como un trabajo que implica una gran cantidad de horas destinadas a llevar adelante esta tarea, es una de las principales causas de la brecha salarial y del conjunto de desigualdades de género presentes en el mercado de trabajo porque son en su gran mayoría llevadas adelantes por mujeres.

Por todas estas razones creemos que es fundamental exigir al Estado la implementación de una política clara para transformar las condiciones de trabajo y de vida de las personas que conforman estos dos últimos grupos. Principalmente, para lxs trabajadorxs de la economía popular, ya que solo una parte se encuentra organizada en unidades productivas o cooperativas y esto lleva a que las políticas sociales que existen no alcancen a todxs.

Foto: Prensa UTEP

Salario Básico Universal: hacia el reconocimiento del trabajo y la redistribución de ingresos

Lxs trabajadorxs de la Economía Popular realizan tareas y actividades, todos los días, que mueven el mundo. Dedican horas de sus vidas a un trabajo que no tiene como contraprestación una retribución económica, o si la tiene es muy baja, y no poseen ningún tipo de derecho laboral o cobertura social. Así, la demanda de un Salario Básico Universal tiene como horizonte desnaturalizar la idea de que el mercado laboral tal y como lo conocemos, es el único lugar en el que se produce valor económico y social. Además, implica también, quitarle la capacidad de ser el único agente de distribución del ingreso.

La riqueza de una sociedad es resultado del trabajo colectivo, no puede circunscribirse solo a lo producido en el marco del mercado laboral. Es necesario reconocer como trabajo y retribuir a todas aquellas actividades que lleva adelante nuestro pueblo para garantizar su subsistencia.

En los últimos años se pusieron en marcha varias políticas públicas que tuvieron como objetivo la extensión de la cobertura de transferencias de ingresos: moratorias previsionales, PUAM, AUH/AUE, pensiones no contributivas, Salario Social Complementario, Tarjeta Alimentar, becas Progresar, etc. Es necesario señalar que estas políticas tienen limitaciones, la principal es que algunas de ellas no son permanentes ni universales. En este sentido el Salario Básico universal tiene el objetivo de garantizar la ampliación y universalización de la seguridad social, para que nadie quede fuera de la protección Estatal.

En términos concretos, el ingreso para personas desocupadas, informales y trabajadoras de la economía popular consistirá en la cobertura de la Canasta Básica Alimentaria; la cobertura del 50% para quienes se encuentren inscriptos en la categoría A del monotributo y los asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen el límite de esta. De esta manera el SBU se constituye en una herramienta que busca mejorar el acceso desigual a la retribución/asignación de recursos sociales para los trabajadores informales y de la economía popular.

Es fundamental recalcar que el acceso a un plato de comida todos los días, es un derecho humano básico, que debe ser garantizado por el Estado. Es también un derecho que se reconozcan las tareas que llevamos a cabo para mantener el país en funcionamiento, aquellas invisibles, no registradas ni formalizadas pero que acumulan capital, crean riqueza a la que sólo acceden unos pocos.

En este momento en el que nuestro pueblo está atravesando una profunda crisis económica, es urgente dimensionar que, detrás de cada cifra, hay personas excluidas que se la rebuscan para sobrevivir. Si no se toman medidas de fondo para responder a las necesidades de lxs últimxs de siempre, priorizando el trabajo, garantizando y ampliando derechos, no hay futuro posible para las mayorías en nuestro país. Necesitamos leyes que transformen, que disputen los sentidos de este capitalismo de exclusión. Esta es una de ellas.