Los parlantes de las estaciones de trenes advierten que el gobierno nacional incurrirá -otra vez- a la violencia del Estado si la protesta de este miércoles 19, se vuelve una “amenaza contra la República”.
El gobierno de Javier Milei sobreactúa en la postura de mano dura para evitar cualquier desmán en las inmediaciones del Congreso. Sabe que la convocatoria de este miércoles podría ser aún mayor que la manifestación de la semana pasada y que el apoyo a los jubilados, crece.
De esta forma, la administración libertaria teme perder las calles y que la oposición incurra en el camino de las barricadas. Ese panorama haría ingobernable el ajuste que quiere seguir aplicando la Casa Rosada.
Todavía más titánica sería la tarea de gobernar así, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI), que por estos días monitorea al gobierno para saber si le presta o no un nuevo crédito.
La falta de dólares comienza a apretar el cuello del ministro de Economía, Luis Caputo, que ayer no pudo confirmar si el gobierno devaluará o no. Todo en medio de un año electoral.
Por eso, la obsesión con controlar las calles. Y por eso, quizás los miércoles que comenzaron con un puñado de jubilados y un pequeño apoyo político, se terminen convirtiendo en el nuevo talón de Aquiles del gobierno de Milei.
Atentar contra la República
Es curioso que el gobierno nacional haya justificado que la represión estatal se pueda dar contra quienes atentan la paz y el orden de la República. En las últimas semanas, su gobierno ha contribuido mucho para que ese equilibrio se rompa.
Primero al imponer bajo Decreto de Necesidad y Urgencia el pliego de dos jueces para ocupar la Corte Suprema de Justicia: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Algo que según determina la ley, debe ser aprobado antes por el Congreso de la Nación.
También sucedió cuando el gobierno nacional aprobó un nuevo endeudamiento con el FMI también desde un DNU y lo mandó al Congreso como para simular cierto ejercicio republicano. Además de lo desprolijo, la Ley aprobada en 2022 determina que todo endeudamiento con organismos internacionales debe contar con el apoyo de ambas Cámaras del Poder Legislativo.
Y todo esto sin contar la investigación que apunta contra el propio presidente de la Nación en relación a la estafa con la moneda crypto “Libra”, en donde miles de personas perdieron el equivalente a 286 millones de dólares.
Entonces, ¿quién rompe con la institucionalidad y atenta contra la República?
Después de todo, la protesta sigue siendo un derecho consagrado por la Constitución Nacional y en la pasada manifestación en favor a los jubilados, la inmensa mayoría de los detenidos no estuvo involucrado en acciones violentas contra las Fuerzas de Seguridad. Es decir, fueron “cazados”, tal como lo denunció la jueza que posteriormente los liberó.
Este miércoles, las calles hablarán, pero no solo por los jubilados: En la Argentina, la mitad de la población sigue viviendo bajo la línea de la pobreza, los despidos se acrecientan y el ajuste del cual el gobierno se jacta, no le ha mejorado la vida a la gente, si no todo lo contrario.
Pero al interior del Congreso, la Cámara de Diputados podría aprobar el nuevo endeudamiento (ilegal) con el Fondo, a espaldas y traición del pueblo.
Si eso sucede, será violento y anti republicano también. El pueblo tiene derecho a defenderse.
