La Armada quiere eliminar miles de documentos que registran acciones en la dictadura 

La Fuerza quiere mudar su archivo general y para eso, también planea la destrucción de un sinnúmero de documentos que podrían ser claves para reconstruir delitos de lesa humanidad ocurridos en la dictadura. Piden que el ministro de Defensa, Luis Petri, dé explicaciones. 

Luego de que en octubre del año pasado, el gobierno nacional de Javier Milei decidiera eliminar un equipo de especialistas que analizaba documentación de las Fuerzas Armadas y eran aportados para los juicios de lesa humanidad,  ahora se está planeando la “depuración” de cientos o miles de archivos pertenecientes a la Armada.

Así lo confirmó la periodista de Página12, Luciana Bertoia, luego de que la Fuerza decidiera mudar su archivo general y desde la jefatura de la misma se autorizara a desprenderse de una cantidad inimaginable de documentación, que podría ser fundamental para reconstruir delitos cometidos durante el terrorismo de Estado o aportar en los juicios.

El hecho ya generó una reacción de abogados y organismos de Derechos Humanos, que presentarán un amparo para impedir que la tarea continúe. Vale aclarar que al respecto, el ministro de Defensa, Luis Petri, no brindó ni una palabra de lo ocurrido. 

Según pudo saber Bertoia, la cúpula de la Marina decidió, a través de una resolución reservada, que el Archivo General de la Armada (AGA) pase a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro.

Si bien las tareas de “depuración” comenzaron en los primeros días de enero, el traslado de toda la documentación restante se daría en febrero. 

Es importante saber que toda la documentación que aún hoy conserva la Armada puede ser central para aportar a la reconstrucción delitos de lesa humanidad ocurridos en la dictadura, teniendo en cuenta que la misma actuó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas al menos 5 mil personas. 

También, la misma fue responsable de numerosos centros clandestinos en el interior de la provincia y de país, algunos de los más importantes se dieron en Bahía Blanca y Mar del Plata. 

Este martes, el abogado querellante Pablo Llonto realizó una presentación para detener la eliminación de pruebas por parte de la Armada. 

A pesar de que todavía la Justicia se encuentra en “feria judicial”, el defensor pidió que se “dicte una medida de no innovar sobre todo el archivo de la Armada”. También pidió que el ministro Petri, y al jefe de la Marina, Carlos María Allievi, brinden explicaciones al respecto.

“De impedirse el acceso a las y los trabajadores de dicho archivo y paralizarse el trabajo del mismo a raíz de esta orden arbitraria e ilegal dada por parte del ministro y el jefe de la Armada, ello producirá un claro perjuicio en los derechos de las víctimas”, sostuvo Llonto.

Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anticiparon que harán una presentación para prevenir la destrucción de la documentación. Posiblemente otras querellas se sumen a esa iniciativa.

Vale aclarar que la megacausa ESMA sigue en manos del juez federal Ariel Lijo, quien recientemente exigió a la Secretaría de Derechos Humanos que “garantice el pleno funcionamiento de los sitios de memoria” que tiene en poder el gobierno nacional de Javier Milei.