Los casos de gatillo fácil y violencia institucional siguen siendo uno de los flagelos más graves de la democracia. Una deuda que sigue sin ser saldada. En la provincia de Buenos Aires, los casos de muertes sospechosas en manos de la policía bonaerense, son una marca registrada y todos los años dejan un registro tenebroso.
También se multiplican los casos de muertes en comisarías. Casi siempre con la misma historia (difícil de creer): las personas detenidas aparecen colgadas en su celda, inexplicablemente. Los familiares denuncian que se tratan de asesinatos encubiertos por parte de la policía provincial.
La violencia institucional en todo el país ha despertado la denuncia constante de muchos organismos de derechos humanos y de familiares de víctimas, que ahora impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de Axel Kicillof deje de cubrir el financiamiento de abogados y peritos de los policías que se encuentren involucrados en casos sospechosos de gatillo fácil o violencia institucional.
El proyecto de ley fue redactado por el legislador provincial del FIT, Guillermo Kane, quien asegura que con esto no se busca “reformar a la policía provincial, sino que se acote la desigualdad entre víctimas y victimarios”.
Según una investigación periodística encabezado por el DiarioAr, uno de los peritos que defendió la hipótesis de suicidio del caso Sofía Fernández -mujer trans que apareció muerta en su celda tras ser detenida- participó en otros tres casos de muertes similares en comisarías.
Un dato clave para determinar cuál es la objetividad e imparcialidad de la justicia frente a miembros de las fuerzas de Seguridad.
En los últimos meses, las muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses se multiplicaron. Los casos más recordados son los de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023), Sofía Fernández (2023) y Marcos Portela (2024).
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -uno de los organismos que más viene denunciando y trabajando para prevenir la violencia institucional- aseguran que el privilegio para que la policía sea asesorada y defendida por defensores públicos de la provincia se impulsó bajo el estatuto policial de 2008, durante el gobierno de Daniel Scioli.
“Con lo cual, se podría eliminar algo que finalmente fue un derecho regresivo”, aseguran.
Desde el 2012, la CPM registró una muerte por ahorcamiento por mes, entre otras causas de fallecimiento, dentro de las estaciones policiales.
