Tres días de fumigaciones. Las cosechas familiares fueron el presagio de una intoxicación: manchas, hojas secas, producción perdida. Horas después, los vecinos se quejaban de los mismos malestares en cada rincón de la pequeña localidad de Presidencia Roca: vómitos, diarreas, fuerte dolor de cabeza, sarpullidos, entre otros síntomas.
Lo que parecía un virus terminó de comprenderse más tarde, en el hospital. Todavía sin números oficiales, se calcula que al menos 700 personas fueron hospitalizadas (y algunas de ellas debieron ser internadas) luego de que la ciudad chaqueña sufriera una lluvia de agrotóxicos. Solo se vivió una emergencia epidemiológica similar durante los peores días del coronavirus. Pero esta vez, el responsable fue el agronegocio.
Entre los días 21 y 23 de octubre, los campos aledaños a Presidencia Roca fueron rociados con diferentes tipos de agroquímicos para controlar las plagas de la cosecha de algodón. Esa fumigación sostenida no solo fue ilegal, sino que el propio municipio, conducido por Gustavo Javier Martínez, debió admitir que se hizo durante días de “fuerte viento” y “sin la utilización de receta agronómica”.
La población de la zona está acostumbrada a sentir el olor amargo y penetrante que dejan los aviones o mosquitos fumigadores, pero esta realidad hoy es noticia porque casi un tercio de la comunidad resultó afectada y tuvo que acudir al hospital. Si no hubiese pasado, las fumigaciones continuarían, asumen.
Pero, ¿quién está detrás de este hecho y de quién son los campos fumigados? Se trata de una producción perteneciente a la empresa “Don Panos”, que a su vez integra a Corporación América, el gran holding de Eduardo Eurnekián.
Allí, en Presidencia Roca, Don Panos tiene un nivel de producción de 2.600 hectáreas de algodón, y en los últimos meses tuvo el aval para extender esa producción a 4 mil hectáreas. En esa empresa se encuentra la planta industrial más grande del país, la cual procesa el algodón para luego obtener la fibra.
En mayo del año pasado, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, alentó a que la empresa recupere “una meta de cerca de 300 mil hectáreas de superficie algodonera en el Chaco durante las próximas temporadas”.
Hay un dato má que sirve para ilustrar los privilegios que este emprendimiento del agronegocio tiene en Chaco: de las 50 mil hectáreas que tiene Don Panos, entre 16 y 20 mil son regadas por aspersión, con agua extraída directamente desde el Río Bermejo, aún cuando en la mayoría de las poblaciones aledañas todavía no hay agua potable y se sufren sequías.
Una epidemia silenciosa
“Desde que se instaló la empresa en 1995, siempre hubo conflictos ambientales”, introduce para ARGMedios la abogada de la Red de Salud Ramón Carrillo, Alejandra Gómez.
“Primero con los desmontes, pero posteriormente hubo casos de intoxicación por agrotóxicos. Estas son empresas que trascienden la relación con los gobiernos y siempre son cuidadas”.
El trabajo de la Red de Salud que integra Gómez busca fomentar la atención primaria de las comunidades criollas y Qom de la provincia, por lo que en los últimos años se vieron obligados a denunciar que gran parte de la población sufría los efectos de la intoxicación por las fumigaciones con agrotóxicos.
Alejandra explica que, muchas veces, los médicos de la zona no interpretan que los síntomas tienen que ver con la exposición a estas prácticas del agronegocio. A veces, ni siquiera los propios pacientes. Es una epidemia silenciosa.
El inicio en esa tarea se dio en el año 2009, cuando la Red de Salud Ramón Carrillo comenzó a acompañar con amparos colectivos a comunidades que buscaban ponerle un freno a las fumigaciones sistemáticas y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades locales. Casualmente, aquella denuncia estuvo apuntada a la misma empresa: Don Panos.
“En 2010 se hacen las primeras denuncias colectivas en Pampa del Indio, con el establecimiento Don Panos. En 2012 se logró una medida cautelar sólo para las comunidades cercanas a esta empresa. Allí, el gerente de la empresa firmó un compromiso en donde afirmaban que no iban a fumigar a una distancia menor de mil metros, y además garantizaba que la deriva no llegue a las comunidades. Pero lo cierto es que poco después se denunciaron violaciones de este acuerdo”, recuerda Gómez.
La abogada lleva varios años en la tarea de acompañar los reclamos de vecinos y vecinas, pero admite que “jamás vio un hecho similar” como el que ocurrió en los últimos días. Si bien la Red Ramón Carrillo no confirma que el número de personas afectadas sea 700, tampoco le resulta descabellado. “Fueron tres días sostenidos de fumigación”, sostienen.
Vale aclarar que en un comienzo el municipio confirmó que existieron personas intoxicadas, y que las fumigaciones se habían dado de forma irregular. Posteriormente, el propio intendente Martínez se hizo cargo de esa desidia y asumió que la responsabilidad había sido, en realidad, de su gobierno.
Al mismo tiempo y con una exposición mediática cada vez más grande, tanto el municipio como algunas entidades del agronegocio salieron a desmentir que 700 personas hayan sido afectadas por las fumigaciones. No dejaron en claro cuál era el número real y en ningún momento negaron que se hayan dado prácticas ilegales.
Una imagen baste quizás para entender la magnitud del hecho: en Presidencia Roca casi todos los patios de la comunidad tienen el pasto amarillo. Seco, por la lluvia de agrotóxicos que sufrió la comunidad durante tres días.
