Los tiempos judiciales que deberá afrontar Cristina de acá al 2023

La escena judicial de Cristina Fernandez continúa entre la causa Vialidad y dos otras acusaciones que aún están pendientes de inicio. Aún con una sentencia condenatoria, la vicepresidenta podría apelar y el juicio se demoraría hacia mediados de 2023. 

La asociación ilícita se trata de una carátula utilizada históricamente para abrir una investigación y que también ha desencadenado persecuciones judiciales a dirigentes políticos en la región.

Desde su fin de mandato allá por el año 2015, la expresidenta acumula un total de diez procesamientos judiciales. Ya logró ser sobreseída en tres de esas acusaciones, pero de todos modos, el poder judicial continúa con su fijación hacia la vice. 

Además de la causa Vialidad, que por estos días está tomando relevancia y cuyo fiscal ya pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández, las fechas a las que habrá que prestarle atención este año son el 29 de septiembre, para la revisión del dictamen de la causa por el Memorándum con Irán, y el 10 de noviembre, que se revisará el sobreseimiento de las causas Hotesur y Los Sauces.

El fiscal Luciani (izquierda) pidió 12 años de prisión y proscripción política para CFK.

Vialidad

Se trata de la causa que se encuentra en agenda debido a los alegatos del fiscal Diego Luciani, y la única que alcanzó esta etapa del proceso judicial. La misma se ha vuelto muy polémica por dos razones ajenas al protagonismo de la vicepresidenta.

El primer cuestionamiento es a la figura de asociación ilícita que busca aplicar la fiscalía, la cual fue puesta en duda hasta por el ex candidato a vicepresidente de Macri, Miguel Pichetto. Se trata de una carátula utilizada históricamente para abrir una investigación y que también ha desencadenado persecuciones judiciales a dirigentes políticos en la región, como al expresidente de Brasil, Lula Da Silva.

En esta asociación ilícita en particular, no se incluye a ningún otro de los responsables directos en los procesos de ejecución del presupuesto de obras públicas en la administración nacional, como por ejemplo, a todos los jefes de gabinete de Cristina por ejemplo.

Como segunda polémica está el tema de la supuesta prescripción a Cristina Fernandez: el pedido de condena de Luciani introduce la inhabilitación para asumir cargos públicos. Esta particularidad se debe a que el sistema electoral argentino permite candidatearse a pesar de contar con antecedentes penales y fundamentalmente a personas condenadas, pero que no tienen sentencia firme.

Esto quiere decir que incluso si se cumplen los plazos judiciales que establecen que a finales de 2022 o principios del próximo año se llegaría a una sentencia, ésta aún puede ser apelada, por lo que la condena no sería firme. Permitiendo una eventual candidatura de Cristina, algo similar ocurrió con el ex presidente Carlos Menem. 

Según el jurista Eugenio Zaffaroni el intento de proscripción está puesto sobre la mesa, pero reconoce que el único modo de lograr que ocurra a tiempo para los plazos electorales de Argentina sería mediante una maniobra como la que se realizó con Lula en Brasil. Lo que aún no está siendo enunciado por los jueces de la causa.

Al igual que en varias otras de las imputaciones a Cristina está investigación fue ordenada por el difunto juez Claudio Bonadio.

Sobornos o causa de los cuadernos

Es la segunda causa importante en la que se encuentra procesada Cristina. Por el momento se encuentra en trámite, a la espera de que se le dé inicio al juicio oral. Es similar en la figura de asociación ilícita que aparece en la causa de vialidad. El procesamiento se dictó en 2018, y al igual que en varias otras de las imputaciones a Cristina está investigación fue ordenada por el difunto juez Claudio Bonadio. 

De los denominados “cuadernos de Centeno” se desprenden otras cuatro causas independientes, la de irregularidad en entrega de subsidios al transporte, la cartelización de la obra pública, la tenencia de una carta de patrimonio histórico y el uso de los aviones presidenciales para fines personales.

Sobre estas cuatro, la más destacable es la del uso del avión presidencial para “llevarse el diario y muebles a Calafate”. Esta causa mediáticamente ha quedado tapada por la de Vialidad, pero tiene la importancia de haber sido anulada por casación (mediante una apelación de la defensa de Cristina) porque Bonadio había sido tanto iniciador como investigador de la causa, demostrando falta de imparcialidad.

“Memorándum con Irán” fue una de las causas más mediáticas contra CFK.

 

Memorándum con Irán

El próximo 29 la Cámara de Casación tendrá que determinar si sostiene el pedido de sobreseimiento para los imputados. Es otra de las causas impulsadas por Claudio Bonadio, en esta pidió el desafuero y la detención preventiva de Cristina, ambos pedidos no fueron atendidos por el Congreso.

Es una de las más particulares de toda esta lista de causas, ya que fue el propio tribunal de primera instancia el que sobreseyó a los imputados, declarando que el Memorándum no constituye un delito. Se trata de la DAIA y los familiares del atentado quienes impulsan que se siga investigando.

La misma será revisada a partir del 10 de noviembre, por una apelación de la fiscalía.

Hotesur y Los Sauces

Son las últimas causas iniciadas por Bonadio contra Cristina Kirchner. Sobre estas ocurrió lo mismo que con el Memorándum: el Tribunal de primera instancia estableció que no se podía denominar lavado a una circulación de dinero que era lícito. Esto se debe a que a pesar de estar Lazaro Baez condenado por lavado de activos, las transacciones que realizaba por ambos inmuebles era a través de dinero que provenía de fuentes legales.

La misma será revisada a partir del 10 de noviembre, por una apelación de la fiscalía. Es también un caso que plantea cierta polémica, ya que además de estar imputada Cristina aparecen Máximo y Florencia Kirchner.